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Las zonas deportivas junto a la Escuela de Hostelería se salvan de la demolición

El TSJA avala el plan municipal para cumplir con la sentencia que declaró ilegal el edificio
11/03/2016. Diario de Sevilla. Trinidad Perdiguero.

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán tiene ya el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al proyecto de demolición que le presentó para cumplir con la ley y ejecutar la sentencia que obliga a tirar la Escuela de Hostelería que se construyó en unos suelos que estaban clasificados como zona verde y se modificaron luego a Suelo de Interés Público y Social (SIPS) con las obras en marcha. Fue la aprobación de ese trámite por la Junta en 2010 lo que se denunció. En ese proyecto de demolición, que han elaborado técnicos de la Diputación en base a los autos del tribunal y con el que se han mostrado de acuerdo los vecinos, no están incluidas la piscina municipal y las pistas polideportivas junto al edificio, que no forman parte del mismo proyecto.

Así lo ha explicado el actual alcalde, Tasio Oliver (IU), quien recibió la última providencia del TSJA la semana pasada y ha informado al resto de grupos en las comisiones previas al Pleno de la semana que viene. Hoy tiene prevista una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz -al que los vecinos se dirigieron en primera instancia en 2009- para tratar éste y otros asuntos. El TSJA, en un fallo de 2012, ya consideró ilegal la construcción, pero la Junta presentó un recurso de casación ante el Supremo, que confirmó el fallo en 2014 y la condenó a pagar las costas, aunque es el Ayuntamiento el que debe ejecutarlo. Tras ello, el TSJA se ha mostrado tajante ante los intentos del anterior gobierno local del PSOE por salvar la construcción y le conminó a poner fechas a la demolición y nombrar responsables de la misma.

Ahora, el TSJA ha aceptado el proyecto que presentó el nuevo gobierno local. Según el regidor de IU, el TSJA no ha puesto plazos, una vez que ha visto que se dan pasos en firme. La intención es solicitar ayuda para la dirección técnica de obras a la Diputación y sacarlas a licitación con un pliego en el que se valorará un "buen peritaje", para salvar cualquier cosa reutilizable, y con el máximo tiempo de exposición, para que se puedan presentar muchas empresas y lograr ofertas a la baja. En principio, el Ayuntamiento ya hizo una modificación presupuestaria por 207.000 euros para las obras. La fecha que se baraja para tener ese pliego y llevarlo al Pleno si es necesario es el mes de abril.

Oliver anunció que va a pedir de nuevo a la Junta que asuma total o parcialmente los costes, teniendo en cuenta que los vecinos denunciaron su resolución, que fue la que recurrió al Supremo, y que el edificio iba a albergar una escuela de hostelería gestionada por un consorcio en el que participaba la propia Junta, con el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. En su día, los responsables de Ordenación del Territorio a los que ya trasladó esta idea no fueron receptivos, pero Oliver recuerda que la Junta va a asumir ahora los costes de demolición del hotel El Algarrobico, en Almería, y que al lado de eso el desembolso en Castilleja de la Guzmán sería mínimo. Probablemente, la petición se llevará al Pleno para que se haga con el respaldo del resto de grupos, a los que el edil agradeció la comprensión en los pasos que ha ido dando el nuevo equipo.

En este sentido, y aunque prefiere mirar al futuro con este polémico asunto, cree que se podría haber gestionado de otra manera. Incluso cuando se emitió la primera sentencia, dice que se podría haber negociado con los vecinos que denunciaron -nunca se llegó a hacer- para presentar un proyecto de demolición de la segunda planta, por ejemplo, y salvar el resto. El edificio se levantó en unos 2.000 metros cuadrados, en su mayor parte, un espacio libre, de parques y jardines, en el que sólo se permitía ocupar una pequeña parte para equipamientos o sistema de interés público social. Antes de denunciar, los vecinos de la urbanización de enfrente se dirigieron al Ayuntamiento, al Defensor y la Junta, pero finalmente acudieron a los tribunales y pidieron la suspensión cautelar de las obras, que no se acordó. El Alto Tribunal rechazó los argumentos de que se estaba intentando mejorar el sistema dotacional del municipio. La modificación "ha sido espuria y por ende la alegación autonómica, con independencia de que haya resultado una mejora de dotaciones y espacios libres, no deja ser un sofisma en cuanto a la finalidad de la modificación", dice la sentencia.

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