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La Junta saldrá del monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, porque «lo dice la ley»

27/10/2017. ABC.

La Consejería de Cultura empezará a tramitar la rescisión del convenio suscrito en 1991 con la Fundación Álvarez de Toledo y Mencos para dejar definitivamente la gestión y mantenimiento del monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce. Así lo ha anunciado el delegado territorial del ramo, José Manuel Girela, remitiéndose a la ley andaluza de Patrimonio de 2007, que indica que los monumentos BIC de titularidad privada han de ser mantenidos por sus propietarios.

Este edificio histórico pasó a manos de la administración andaluza tras la firma de un documento que le garantizaba el uso durante 50 años de dos de las iglesias, la sacristía, la sala capitular, la capilla de reservado, el cláustro de los muertos, el refectorio, el corral de los conejos, el cementerio viejo y el patio de los naranjos. Desde entonces, la comunidad ha invertido 11 millones de euros en obras de mejoras y rehabilitación, como ha avanzado Girela, que niega que la decisión se deba a discrepancias con la familia.

El delegado de la Junta lo atribuye a una cuestión de «hacer cumplir la ley», tras recordar que desde 2007 el convenio «está obsoleto». Y no sólo porque lo diga esta norma andaluza, ha continuado, sino porque a ello obliga otra de carácter nacional, la 40/2015 que regula el régimen jurídico del sector público y que modifica el marco legal de los convenios administrativos. A este respecto, ha destacado que «los acuerdos de cesión no podrán ser superiores a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior y como bien dijo el consejero de Cultura, debería ser revisado por el propio Parlamento andaluz».

«Hemos visto que la ley ha pasado por encima de convenios de estas características e incluso obliga a reformarlos y volver a cerrarlos», ha advertido Juan Manuel Girela, quien ha insistido, con la norma en la mano, en que hay que garantizar que este tipo de acuerdos vayan en pro de la eficiencia y ahorro de la administración pública. Igualmente ha reconocido que «cuando se suscribió el aceurdo, la situación era muy distinta, pero hoy tenemos que garantizar no sólo la sostenibilidad presupuestaria, sino la eficiencia en el uso de los recursos públicos». Por eso mismo, ha considerado «incomprensible» que se siga asumiendo el gasto en obras y mantenimiento del personal cuando la otra parte firmante de ese documento, el Estado central, no ha destinado ningún fondo a la construcción de un parador de turismo, que era el gran proyecto previsto para este monumento.


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