ADTA pide restituir la protección de los suelos aledaños al dolmen de Montelirio por su potencial arqueológico

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Avisa de que el desarrollo urbanístico conveniado en 2001 y aprobado en 2002 "es de imposible cumplimiento".
12/02/2019. Europa Press.

La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha elevado al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Tasio Oliver (IU), un escrito en el que reclama restituir la clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de especial protección para los terrenos aledaños al dolmen de Montelirio, bajo la premisa de que este entorno "desprotegido" en 2002 "ha revelado su potencial arqueológico" y el desarrollo urbanístico planeado entonces "es de imposible cumplimiento".

Hablamos del plan parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán, marcado por el dolmen de Montelirio, un monumento megalítico legado de la cultura que, allá por la Edad del Cobre, poblaba con mayor o menor asiduidad el entorno de la comarca del Aljarafe comprendido entre dicho municipio y Valencina de la Concepción.

No en vano, un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory y recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía".

Sobre dichos suelos del plan parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán, además, cabe recordar que un estudio geofísico detectaba hasta "211 estructuras o depósitos" arqueológicos en su subsuelo, de los cuales 134 corresponderían a registros "prehistóricos, la mayoría de la Edad del Cobre", 24 a la época romana, 44 al periodo posterior a la dominación romana y cinco cuya cronología resultaba "indeterminada".

Con relación a ello, primero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y después el Tribunal Supremo (TS) desestimaron la reclamación de responsabilidad patrimonial promovida por la empresa Fomento de la Edificación S.A. (Foedisa) contra el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Junta de Andalucía, por las restricciones urbanísticas que truncaron el proyecto impulsado en la década pasada para construir una residencia de personas mayores en la parcela M3 del plan parcial número cuatro.

LA JUSTICIA SE PRONUNCIA
Las acciones judiciales de Foedisa, según la sentencia del TSJA recogida por Europa Press, no prosperaron porque aunque la parcela M3 del plan parcial número cuatro estaba calificada como suelo "dotacional privado asistencial", "las limitaciones o la imposibilidad de construir, surgidas como consecuencia de las apariciones arqueológicas, no eran algo novedoso o absolutamente inesperado, sino que la actora conocía desde el principio la probable existencia de restos arqueológicos en su parcela y las cautelas impuestas por el planeamiento urbanístico, así como la necesidad de conservación de los restos que pudiesen aparecer".

Ahora, la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe ha propuesto al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán una modificación del actual planeamiento urbano, para desclasificar una parte del sector, la denominada zona A, de 80.650 metros cuadrados, restituyendo la clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de especial protección por motivos arqueológicos, paisajísticos y geomorfológicos que tenía antes de que en 2002 se aprobase una modificación puntual de las normas subsidiarias, precisamente para crear el plan parcial número cuatro, extremo que a juicio de ADTA se hizo "infringiendo la Ley".

En ese sentido, ADTA recuerda que las normas urbanísticas subsidiarias de 1990 clasificaron como suelo no urbanizable de especial protección el entorno correspondiente al actual plan parcial número cuatro, por aspectos arqueológicos y paisajísticos, toda vez que la modificación puntual de 2002 supuso una "reducción" del ámbito protegido, mediante una fundamentación "insuficiente y deficiente", extremo que "el transcurso del tiempo no ha hecho más que confirmar, ya que se ha demostrado que la eliminación de la especial protección de esos suelos fue, en el mejor de los casos, un inmenso error, además de una ilegalidad".

LAS PARCELAS AFECTADAS

A tal efecto, ADTA invoca los pronunciamientos judiciales ya descritos respecto a la parcela M3 del plan parcial número cuatro y avisa de que el decreto autonómico de 2010 que declara como Zona Arqueológica 779 hectáreas de Valencina y Castilleja de Guzmán, con las consiguientes restricciones, abarca no sólo a los suelos del dolmen de Montelirio y la mencionada parcela M3, sino además a la parcela M1 destinada a usos terciarios, la parcela M4 dedicada a usos residenciales y "la mitad" de la M5, también asignada a usos residenciales.

En consecuencia, razona ADTA que es necesario "excluir" tales parcelas del "desarrollo" urbanístico previsto, recordando que tras la publicación de aquel decreto en marzo de 2010, era "obligatorio modificar el planeamiento adaptándolo a sus determinaciones en el plazo máximo de dos años". La organización, en ese sentido, constata que "no se ha promovido la modificación del planeamiento a la que estaban obligados los propietarios", toda vez que el convenio urbanístico de 2001 del que nace el desarrollo proyectado para estos suelos "es de imposible cumplimiento en los términos redactados", sobre todo porque "la zona arqueológica desprotegida ha revelado su potencial arqueológico".

"En conclusión, todas la normativa tanto urbanística como la relativa al régimen de la propiedad del suelo establece la obligación de clasificar como no urbanizable y de especial protección los suelos que las Normas Subsidiarias de Castilleja de Guzmán de 1990 clasificó y calificó como tales", concluye ADTA respecto a los terrenos de plan especial número cuatro.