El yacimiento de El Carambolo no sufre daños pese al «estado de dejación absoluta»

La Fiscalía archiva la investigación pero requiere tanto al propietario de los terrenos como a la Junta de Andalucía el cumplimiento de sus obligaciones administrativas, como el mantenimiento de los mismos y su control. 

14/05/2020. ABC. 

La Fiscalía de Sevilla ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas de oficio por la situación de abandono del yacimiento de El Carambolo, declarado Bien de Interés Cultural en 2016. Esta decisión llega después de analizar el informe realizado al respecto por la Consejería de Cultura, donde se evidencia, según el Ministerio Público, que la zona arqueológica no ha sufrido daños a pesar de la constatación del «estado de dejación absoluta» en la que se encuentran los terrenos.

El pasado 13 de enero, la Fiscalía especializada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico acordó la incoación de diligencias de investigación de la «alarma difundida» en medios de comunicación sobre el presunto estado de absoluto deterioro de El Carambolo, situado en unos terrenos que actualmente pertenecen al empresario Gabriel Rojas, como consecuencia de una presunta falta de conservación.

A pesar de que la investigación parte de la difusión en los medios de la situación de este yacimiento tartésico, hay que recordar las continuas denuncias que a este respecto venía haciendo este periódico desde el año 2008 hasta la fecha, aunque el estado de dejadez en su mantenimiento es incluso anterior.

Por parte del Ministerio Fiscal, entonces y ante el riesgo que podría suponer para dicho Bien de Interés Cultural esta situación, se dirigió oficio a la Consejería de Cultura con el fin de que esta administración informara sobre los posibles daños causados a esta de zona de gran valor histórico y artístico del entorno más cercano de la capital.

El pasado 4 de mayo la Fiscalía recibió dicho informe, emitido por la jefa de servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deportes en Sevilla, en el que se expone que, efectivamente, «se han roto los vallados y candados para meter ganado, verter residuos sólidos urbanos, escombros de obras ilegales, realizar botellonas y otros tantos vandálicos».

Vigilancia permanente

Según el decreto de archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, esto supone la confirmación de que el titular de los terrenos «ha hecho dejación de su deber de garante», lo que es de reseñar para el Ministerio Público, sobre todo, si se parte de la base de que un porcentaje de los restos se encuentran, según el propio informe, ya excavados. Mientras, el 30 por ciento de la superficie del yacimiento, en el momento de su máxima ocupación, no ha sido todavía intervenido arqueológicamente.

No obstante, «afortunadamente y siempre según el informe» del departamento de la consejera Patricia del Pozo, esta situación de abandono «no ha causado daño al BIC, lo que excluye un posible delito de daños al bien de valor arqueológico». El Código Penal castiga con entre seis meses y tres años de prisión a quien cause daños en zonas arqueológicas.

La Fiscalía, a pesar de dar carpetazo al asunto, deja meridianamente claro que de haberse producido este ilícito habría sido imputable, en comisión por omisión, a quienes tienen el deber de garante del mismo, esto es, el propietario de los terrenos ubicados en Camas y donde en 1958 se descubrió el tesoro que lleva el nombre del cerro donde se hallaron las 21 piezas de oro del Carambolo.

Por tanto, la Fiscalía acuerda el archivo de las diligencias de información pero remite una copia de dicha decisión tanto al titular del terreno delimitado como BIC, al Ayuntamiento de Camas (propietario del resto del Parque Arqueológico) y a la Junta de Andalucía, haciéndole las oportunas advertencias.

A la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, según ha podido saber este periódico, se le insta a que comunique a la Fiscalía cualquier daño que se le pueda causar al yacimiento con motivo de una indebida preservación y falta de control por su propietario, «de lo que tendrá oportuno conocimiento la Delegación de Cultura si realiza inspecciones periódicas en ejercicio de las competencias que le son propias». Ahí va la advertencia, la Junta debe llevar a una observación permanente del estado de El Carambolo.

Los suelos del cerro fueron adquiridos en el 2000 por la promotora inmobiliaria Gabriel Rojas, que proyectaba construir un hotel que integrase los vestigios arqueológicos mediante un centro de interpretación, pero las restricciones impuestas desde el Gobierno andaluz a esta iniciativa motivaron que en 2009 el citado grupo inmobiliario ofertase ya los terrenos a la Administración autonómica al considerar truncado su proyecto.

Está siendo utilizada como «vertedero»

En este sentido, la Fiscalía, a pesar del cierre de la investigación, se dirige al propietario de los suelos para que también cumpla con sus obligaciones administrativas sobre estos terrenos, una zona arqueológica protegida porque contiene vestigios materiales de una de las principales localizaciones protohistóricos excavadas en el Bajo Guadalquivir y supone «un hito y una referencia en el conocimiento de los periodos históricos del Bronce Final de la Edad del Hierro en el sureste de la Península Ibérica».

Pese a ello, la parcela está siendo utilizada como «vertedero», con la acumulación de «todo tipo de basura, lixiviados, escombros y aguas estancadas», lamenta la Fiscalía en la copia del decreto de archivo remitido a Gabriel Rojas, donde se le informa que las diligencias han sido archivadas pese a la constatación del «estado de dejación absoluta y la evidente falta de un pertinente ejercicio del deber como garante» por su parte (dueño). Se le recuerda que encontrándose el yacimiento en un terreno privado, es su responsabilidad la conservación del bien en aras de salvaguardar sus valores.

De él es la obligación de la conservación y de la Junta, su control, ordenación de la ejecución de las obras o la adopción de las actuaciones necesarias para dicho mantenimiento y custodia. Así lo recoge la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Incluso, si el propietario no actuase, la Junta podría ordenar la ejecución de dichas tareas y obras.