Antonio Manuel Suárez, que será juzgado desde este martes en la Audiencia de Sevilla, permitió la construcción de un bar en una zona arqueológica de este municipio aljarafeño, según las acusaciones
09/09/2024. ABC.
Antonio Manuel Suárez, exalcalde de Valencina de la Concepción y actual asesor del PSOE en la Diputación de Sevilla, está citado este martes en la Audiencia Provincial para sentarse en el banquillo de los acusados por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Se le acusado de permitir la construcción de un bar en una zona arqueológica de este municipio aljarafeño.
Será un tribunal de la Sección Primera el encargado de enjuiciar al socialista Suárez, fichado por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, como asesor del grupo socialista tras la celebración de las últimas elecciones municipales de mayo de 2023 a las que el exregidor de Valencina no concurrió alegando motivos de salud. No obstante, ya era conocedor de los distintos frentes que tenía abierto con la Justicia.
El juicio se desarrollará este martes y miércoles. La Fiscalía le pide dos años de cárcel e inhabilitación especial para cargo público por tiempo de doce años. Por su parte, la acusación particular, que ejerce el PP, eleva la solicitud de pena a tres años de prisión.
Los hechos
Los hechos tienen su origen en 2007 y la causa abierta para su investigación se ha llevado por la juez María Núñez Bolaños. Hace 17 años comenzaron las obras para construir una nave en una zona de Valencina especialmente protegida como zona arqueológica por la forma singular del terreno (valor paisajístico) al formar parte de un escarpe que rodea el núcleo urbano.
A pesar de que ese mismo año el Ayuntamiento de Valencina abrió un expediente de restauración de la legalidad en dichos terrenos, un año después el promotor de un negocio de hostelería inició las obras para construir lo que sería un salón de celebraciones «sin gozar de licencia de obras ni licencia de actividad». Así lo expone el Ministerio Público en su escrito de calificación.
Esta situación de ilegalidad duró hasta que agentes de la Guardia Civil, en concreto del Seprona, abrieron una investigación para esclarecer qué estaba sucediendo con el negocio levantado sobre suelo protegido y sin permisos. Además, dicho empresario era hermano de un antiguo concejal del PSOE, que formaba parte de la Corporación cuando se iniciaron las obras.
Ante esta situación, el Ayuntamiento incoó un nuevo expediente en 2008 sobre legalización de obras sin licencia. Dicho expediente se cerró cuatro años después, como expone la Fiscalía, cuando el arquitecto municipal certifica que el suelo ha sido restituido a su estado original o lo que es lo mismo, el empresario había tirado la construcción ilegal.
Pese a ese informe, la Policía Local denunció un año después ante el Ayuntamiento que se estaban ejecutando obras en el restaurante a pesar de no contar con ningún permiso y que el establecimiento seguía operativo. La actuación policial ponía en evidencia el informe del arquitecto, que no ha sido investigado en la causa por estos hechos porque los posibles delitos en los que podía haber incurrido están prescritos.
Entonces Antonio Manuel Suárez dictó nuevas resoluciones contra el empresario, pero éste «ignoró completamente» la orden de paralización. El bar seguía en marcha. En este punto, la Fiscalía señala la falta de ejecución o acción por parte del Consistorio y acusa al Ayuntamiento de garantizarse que en 2013 no interviniera la Justicia gracias a un informe del arquitecto municipal que falseaba la realidad.
Es por ello que el Ministerio Público apunta al exalcalde y hoy asesor del PSOE en la Diputación, que además era delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento, de haber garantizado que no interviniera la Justicia cuando en 2013 se informó erróneamente a la Fiscalía. Además, le acusa de no comunicar ni al juzgado ni al Ministerio Público que se estaban cometiendo delitos contra la ordenación del territorio sobre suelo especialmente protegido y que desde 2014 no hay ninguna actividad sancionadora para tratar de frenar una actividad ilegal que siguió funcionando sin licencias y de forma interrumpida hasta 2020, cuando el Seprona inició otra investigación.
En definitiva, la Fiscalía apunta que, tras más de una década de advertencias, el arquitecto municipal aseguró ante los agentes del Seprona que sin tener conocimiento de las obras.
El Código Ético y el caso de transfuguismo
Pese a este procedimiento judicial abierto contra el ex primer edil socialista, éste siguió en su cargo hasta 2023, haciendo caso omiso a lo que establece el Código Ético de su partido, que en su punto 5.2 dice que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». Sin embargo, no sólo no dimitió de su cargo, sino que ahora es asesor del grupo socialista en la Diputación, cuyo presidente es también el secretario general del PSOE de Sevilla.
Suárez accedió a la alcaldía en 2019 envuelto en la polémica del caso de transfuguismo, confirmado por la Justicia, de la concejal de Ciudadanos, Susana Martín, quien con su voto lo hizo alcalde. Ella después fue nombrada cuarta teniente de alcalde y delegada de Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia y cobró un sueldo municipal durante dos años y medio, sueldo que los tribunales le obligan a devolver.
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