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Cultura eludió dar datos a la Fiscalía sobre el dolmen de Montelirio

La memoria anual del Ministerio Público recoge que éste tuvo que dirigirse al Seprona de la Guardia Civil para obtener la información que no recibió de la Junta
Diario de Sevilla. 21/06/2009. R. P.

La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla se vio obligada en 2008 a recurrir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al no obtener una "respuesta pormenorizada" de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta en el marco de unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 7 "por posibles daños" en el entorno del dolmen de Montelirio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y enclavado en una finca de 16.000 metros cuadrados de Castilleja de Guzmán que goza también de protección.

Según figura en la Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente al año 2008, al departamento fiscal que coordina Javier Rufino no le fue "factible" obtener una "respuesta pormenorizada" por parte de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura, dirigida por Bernardo Bueno, en un procedimiento incoado por el Juzgado de Instrucción número 9 por "posibles daños en la zona" del dolmen de Montelirio, durante las obras que se iniciaron en la zona en 2008 y que propiciaron también la excavación del dolmen que estaba enterrado. Este planteamiento urbanístico fue suspendido posteriormente.

La citada Memoria de 2008, recogida por Europa Press, expone que "tal vez por falta de medios", la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico no obtuvo "una respuesta pormenorizada" por parte del departamento de Bernardo Bueno, por lo que se vio en la "necesidad de acudir a la investigación del Seprona". A comienzos de 2008 las organizaciones conservacionistas de Castilleja de Guzmán y de otros pueblos de esta zona del Aljarafe solicitaron una entrevista con el propio Javier Rufino con el objetivo de analizar la promoción de viviendas, el geriátrico y la gran superficie proyectadas en el Plan Parcial número 4 de dicho municipio, unas iniciativas urbanísticas que amenazaban a la necrópolis y los tholos descubiertos en los aledaños de la finca en la que se alza el dolmen.

Aunque estos proyectos finalmente fueron suspendidos a favor de la salvaguarda de estos vestigios históricos, las organizaciones conservacionistas alertaron de los posibles daños ocasionados por los movimientos de terrenos. Uno de los miembros de la Mesa Ciudadana para la Defensa del Patrimonio del Aljarafe, Jorge Arévalo, ya había alertado en febrero de que estos movimientos de tierra estaban "cargándose la necrópolis". Más tarde, los colectivos alertaron de que los daños que el mal tiempo causó en las estructuras que se colocaron para proteger la zona excavada.

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