4 nov. 2014 ~ ~ Etiquetas:

«La Junta debe declarar como BIC el cerro de El Carambolo para dignificarlo»

Entrevista con el alcalde de Camas, Rafael Recio.
03/11/2014. El Correo.

La crisis económica ha sido el telón de Aquiles del gobierno del alcalde de Camas, Rafael Recio. Una situación que ha intentado solventar con la gestión y que espera, si vuelve a ganar las elecciones con el proyecto socialista, que sea un simple recuerdo de estos últimos cinco años para seguir ayudando a su pueblo y a sus vecinos.

Hace unos días aprobaron una moción para exigir la declaración como Bien de Interés Cultural el cerro donde se encontró el tesoro de El Carambolo…
Ya en 2003 se solicitó esta distinción, pero, al parecer, la administración ni siquiera incoó el expediente. El ayuntamiento lo único que puede hacer es exigir al propietario de los terrenos el cumplimiento de las ordenanzas establecidas de mantenimiento y limpieza de una propiedad privada, ya que el suelo no es municipal, sino privado. Con la moción pretendemos que la administración incoe el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural y atienda con el privado la manera de garantizar que El Carambolo la dignidad en cuanto a la presencia para las visitas que se realizan, que son muchas, ya que el simbolismo de ese espacio no sólo tiene peso por el descubrimiento del tesoro, sino que desde el punto de vista paisajístico nos señala un promontorio propio de los asentamientos de la historia andaluza a orillas del Guadalquivir.

¿Estaba de acuerdo con el proyecto privado de impulsar un centro de interpretación?
Lo que tenemos después de frustrarse la idea del hotel con un espacio reservado para la salvaguarda y la interpretación es un abandono y deterioro absoluto y ese proyecto podría haber generado riqueza, empleo y al mismo tiempo una puesta en valor del patrimonio. Y aunque en un primer momento tuvo el apoyo de la administración, con el cambio de consejera el proyecto desgraciadamente se truncó.

Los vecinos del residencial Jardín Atalaya tuvieron que salir a la fuerza de sus viviendas por el riesgo que corría la integridad del edificio. ¿En qué punto están las negociaciones con la Junta de Andalucía para atender a estas familias?
Tras las primeras reuniones que hemos mantenido con la administración autonómica, tanto la Delegación del Gobierno como la Delegación de Fomento y Vivienda han puesto de manifiesto la dificultad del momento en cuanto a que la administración no tiene los mismo recursos que en 2008 –cuando se atendió el problema estructural de los vecinos que tuvieron que ser desalojados del edificio anexo–. Pero entendemos que ese no es motivo ni justificación para una situación excepcional. Con el problema de vivienda que tenemos, me parece lamentable y preocupante que la administración autonómica no tenga en consideración estas situaciones para no aumentar los problemas de vivienda, ya que con una ayuda se podría restablecer la habitabilidad del espacio.

¿Dónde cree que está la solución para esta situación?
La solución podría estar en que el borrador del nuevo Plan Concertado de Rehabilitación de Vivienda contemplara este tipo de cuestiones y excepcionalidad, que es el desalojo de un bloque por parte de un ayuntamiento por un deterioro estructural. Y es que, según la delegada, si ellos concurrían a esa orden, cuando se saque, si cumplen con los criterios y parámetros de Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) podrían recibir la subvención pero que no podrían efectuar la reparación del edificio hasta que saliera la orden, algo que es incompatible con la urgencia que tiene ese edificio y así lo ponen de manifiesto los informes técnicos de la empresa.

¿Y el problema con promoción de viviendas Astarté de Sodecsa?
El problema que hemos tenido con Sodecsa es un retrato de lo que ha sucedido en el sector inmobiliario. Cuando llegué en 2009 me encontré con una sociedad con la siguiente peculiaridad: una promoción que se llama Fembasa que tendría que haberse entregado en el 2007 y que llevaba dos años de retraso y un sorteo de 91 viviendas –las de Astarté– para 1.500 solicitudes. En ese momento a lo mejor tendría que haber liquidado la sociedad, pero no podía por la necesidad que había en aquel momento de vivienda. Nos ponemos a trabajar y somos austeros con Sodecsa y así lo recogen los informes del administrador concursal. El problema es que entre 2003 y 2009 Sodecsa no se ciñe al gasto de su cometido, sino que entre sus gastos también hay promoción de ferias empresariales, ampliación de la plantilla de personal… se pagan cuestiones que van más allá de su cometido, que es la promoción de vivienda pública. Anulamos esas actividades y nos centramos en lo que tenía que ser Sodecsa.
El problema de Astarté viene en el verano de 2012 –las viviendas se entregan un año después–, ya que cuando teníamos el 80 por ciento de las viviendas vendidas sube el IVA de la vivienda y eso preocupa a muchos vecinos, ya que esa subida supone que la ayuda que iban a recibir por la compra de una vivienda pública no la iban a destinar a la compra de muebles, sino a cubrir la subida de ese impuesto. Pero lo peor para la promoción de Astarté fue la reducción de precios de las viviendas de renta libre. De los 300.000 euros que costaban las viviendas de renta libre en 2006, cuando se promociona Astarté, seis años después cae incluso por debajo de los 150.000 euros a las que salieron al mercado la promoción de Sodecsa.

¿Y las quejas de esos compradores?
Entiendo que los vecinos estén preocupados por las cuantías que dieron y que les costó mucho recoger y ahora no se le ha podido devolver. Además el BBVA nos ha dejado caer en esta situación. Desde el Ayuntamiento no podemos hacer nada porque tenemos planes de ajuste y nos podemos realizar operaciones de endeudamiento. Teníamos poco margen de reacción y menos con la imposibilidad de hacer operaciones de endeudamiento.

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