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El Defensor del Pueblo investiga una modificación urbanística ilegal

04/04/2015. El País.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado una actuación “de oficio” sobre la actuación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Carmelo Ceba (PSOE), al “intentar enmendar la ilegalidad” derivada de la construcción de la escuela de hostelería, toda vez que en 2014 el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena demoler el edificio. El conflicto deriva del recurso de un colectivo de vecinos del municipio contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja en la ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Bécquer, informa Europa Press.

Según el fallo del TSJA, ratificado en 2014 por el Tribunal Supremo, esta modificación no perseguía los intereses generales, “sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento” en el proyecto de escuela de hostelería, cuyos trabajos ya estaban en marcha cuando prosperó la modificación del planeamiento. Y es que los 16.012 metros cuadrados dedicados a la escuela de hostelería, según la modificación de las normas subsidiarias de Castilleja aprobada en 2001, estaban inicialmente declarados espacios libres.

“La modificación no obedeció a la búsqueda de los intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento”, señalaba el fallo del TSJA confirmado por el Supremo. El TSJA requirió a la Junta y al Ayuntamiento que informasen sobre qué actuaciones y resoluciones habían adoptado para demoler el edificio, tras lo cual la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz decidió incoar una actuación “de oficio” sobre el papel jugado por las administraciones en este asunto.

El departamento de Maeztu asegura que la Junta, “en lugar de haber hecho un seguimiento de la resolución y adoptar las medidas oportunas para exigir su cumplimiento, lo que hizo fue aprobar la modificación del planeamiento urbano para enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento”.

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