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Los demandantes de la escuela de hostelería de Guzmán avisan de un intento de "eludir" el derribo

04/05/2015. Europa Press.

Los vecinos de Castilleja de Guzmán (Sevilla) promotores del litigio saldado con la sentencia que ordena demoler la escuela de hostelería construida por el Ayuntamiento, la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo, han avisado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de que el Consistorio intenta "eludir la acción de la Justicia o cuanto menos retrasar lo más posible su cumplimiento, puesto que nos hallamos en época electoral".

El conflicto, recordémoslo, deriva del recurso de un colectivo de vecinos contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja de Guzmán, en lo referente a la ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Becquer.

Y es que en este espacio, el Ayuntamiento, la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo construían por aquel entonces una escuela de hostelería.

Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo, esta modificación del planeamiento urbano tenía como destino no los "intereses generales, sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", en lo que se refiere a la ordenación en la que se encuadraba el proyecto de escuela de hostelería, dado que los trabajos de construcción estaban ya en marcha antes de que fuese aprobada definitivamente la modificación del planeamiento.

Y es que los 16.012 metros cuadrados dedicados a la escuela de hostelería, según la modificación de las normas subsidiarias de Castilleja aprobada en 2001, estaban inicialmente declarados espacios libres y se permitía sólo la construcción de instalaciones "al aire libre", quioscos, bares o equipamientos culturales al aire libre.

"ACTUACIÓN DE ILEGALIDAD"

"Los referidos antecedentes son determinantes de que la modificación no obedeció a la búsqueda de los intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", señalaba el fallo del TSJA, confirmado por el Supremo en una sentencia recogida por Europa Press.

Asimismo, la sentencia recoge que la modificación urbanística en cuestión "no puede encontrar amparo jurídico" porque "no perseguía una finalidad racional de satisfacción de intereses generales (...), sino intentar legalizar una actuación urbanística". "En la parcela se infringió el orden jurídico urbanístico con la construcción realizada antes de la modificación del plan general" y "con la modificación no puede encontrar cobijo la actuación pues la finalidad de la modificación ha sido espuria", señala.

Después de que el Tribunal Supremo confirmase esta sentencia que ordena derribar la escuela de hostelería, el TSJA solicitó en febrero al Ayuntamiento información sobre "las actuaciones y resoluciones adoptadas para llevar a cabo la demolición de lo ilegalmente construido". El Ayuntamiento respondió informando de que había solicitado a la Mancomunidad del Aljarafe, "como propietaria de la edificación y de las licencias de obras", que procediese a "dar cumplimiento a la sentencia, debiendo redactar el correspondiente proyecto de demolición". La Mancomunidad, en un escrito recogido por Europa Press, respondía que carece de "medios para elaborar un proyecto de demolición".

Ante esta situación, el alcalde de Castilleja de Guzmán, a través de un escrito recogido por Europa Press, solicitaba a la Diputación "asistencia para la redacción del proyecto de demolición", solicitando además a su arquitecto municipal "un informe sobre la normativa urbanística vigente tras la anulación de la aprobación de la modificación del PGOU de 2009, así como sobre la incidencia de ello para llevar a cabo la demolición de lo ilegalmente construido, a efectos de cumplimiento de la sentencia".

LOS VECINOS ALERTAN AL TSJA

Frente a este pronunciamiento del Ayuntamiento, el colectivo de vecinos ha alegado ante el TSJA, que el Consistorio ha emprendido un "intento torticero de eludir la acción de la Justicia, o cuanto menos retrasar lo más posible su cumplimiento, puesto que nos hallamos en época electoral", pues "se pretende no cumplir con el mandato requiriendo a otra administración que no ha sido condenada en ninguna sentencia para que ejecute la demolición o planteando opciones absurdas de no demolición por el técnico del Ayuntamiento, al que se le obliga (...) a intentar salvar el edificio ilegal dando a entender que es legal lo que no lo es".

"Según el tenor literal de la sentencia, lo ilegalmente construido es todo el edificio entero destinado a escuela de hostelería (...) sin especificaciones, sin restricciones que aparezcan en el fallo ni en ningún otro lugar de la sentencia, y sin necesidad de aclaraciones de plantas bajas o altas", avisa el colectivo respecto a la orden de derribo, en un escrito recogido por Europa Press.

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