Podemos quiere llevar a juicio a los artífices de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán

Edificio de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán que será demolido en breve. / Inma Flores.

El TSJA sentenció que la obra del edificio era ilegal y ordenó al Ayuntamiento su demolición.
05/09/2016. El Correo.

La escuela de hostelería de Castilleja de la Guzmán sigue siendo noticia. Ahora, y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentenciase que la obra era ilegal y ordenase al Ayuntamiento la demolición del edificio, la marca blanca de Podemos en el Consistorio, Vecinos por Guzmán, lleva al próximo pleno municipal del 15 de septiembre que se tomen las medidas judiciales para solicitar responsabilidad penal a los implicados en la orden de ejecución de «la obra ilegal de la escuela de hostelería».

Esta formación, que cuenta con dos concejales de los 11 que forman el plenario, podría contar con el apoyo de IU (tres ediles), aunque, según ha aclarado el alcalde, Tasio Oliver (IU), antes del pleno su partido tendrá que realizar una asamblea para acordar qué votar. Oliver manifiesta que todo apunta a que darán su respaldo a esta propuesta, aunque con enmiendas.

El resto de formaciones –PP ( dos concejales) y PSOE (cuatro ediles)– no han desvelado cuál será su voto, aunque todo hace suponer que los socialistas no secundarán la iniciativa ya que los promotores de la escuela de hostelería fueron el exalcalde socialista Carmelo Ceba, la Consejería de Empleo, y la Mancomunidad para el Fomento y el Desarrollo del Aljarafe.

Este conflicto con la escuela de hostería nace con el recuso de un colectivo de vecinos contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, destinada a la ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicados entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Bécquer, donde se levantó la escuela de hostelería. La sentencia del TSJA, ratificada en 2014 por el Supremo, decía que la modificación del PGOU tenía por objeto «enmendar una actuación de ilegalidad» provocada por el Ayuntamiento, por lo que ordenó la demolición del inmueble.

Estos trabajos, según el regidor, se iniciarán ya en breve. 24 empresas presentaron ofertas para derribar el edificio, cuatro de ellas con un presupuesto muy inferior a lo previsto. El Ayuntamiento valoró los costes de demolición en 198.000 euros y estas firmas han presentado presupuestos de unos 100.000. Por ello, el Consistorio ha pedido un informe a la Diputación de Sevilla, que fue la que redactó el proyecto del derribo, para saber si estas ofertas más baratas son viables técnicamente.

Oliver manifiesta que si el informe de la Diputación concluye que estas propuestas que reducen a casi la mitad el presupuesto son fiables, el Ayuntamiento optará por una de ellas.