17/10/2016. Europa Press.
El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Anastasio Oliver (IU-CA), ha aprobado recientemente adjudicar a la empresa Erri-Berri S.L. el proyecto de demolición de la escuela de hostelería construida años atrás por el propio Consistorio, la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo, y cuyo derribo fue ordenado por la Justicia.
En concreto, y según las fuentes consultadas por Europa Press, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán celebró el pasado 3 de octubre una sesión extraordinaria, con un primer punto "sobre adjudicación del contrato de obras de demolición del edificio destinado a escuela de hostelería", extremo aprobado con siete votos a favor y cuatro abstenciones. La sociedad adjudicataria del contrato, aún por firmar, es Erri-Berri y el importe de la contratación es de unos 120.0000 euros, impuestos incluidos.
LA ESCUELA DE HOSTELERÍA
El conflicto, recordémoslo, deriva del recurso de un colectivo de vecinos contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja de Guzmán, destinada a la ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Becquer.
Y es que en esta zona de espacios libres el Ayuntamiento, la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo construían ya por aquel entonces una escuela de hostelería.
Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo, esta modificación del planeamiento urbano tenía como destino no los "intereses generales, sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", entonces gobernado por el PSOE, en lo que se refiere a la ordenación en la que se encuadraba el proyecto de escuela de hostelería, dado que los trabajos de construcción estaban ya en marcha antes de que fuese aprobada definitivamente la modificación del planeamiento.
"ILEGALIDAD PROVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO"
"La modificación no obedeció a la búsqueda de los intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", señalaba el fallo del TSJA, que declaraba "espuria" la mencionada modificación urbanística de 2009 y ordenaba derribar las construcciones porque "no pueden encontrar amparo jurídico". "En la parcela se infringió el orden jurídico con la construcción realizada antes de la modificación del plan general", insistía el fallo.
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