El origen de la Gran Sevilla

Dolmen de La Pastora (Valencina de la Concepción – Castilleja de Guzmán).

Reportaje de Gonzalo Mellado y Rafael Castaño.

Tome papel y lápiz y pinte a un romano de Itálica. Es muy probable que su dibujo coincida, en todos sus pormenores, con la imagen real de un romano antiguo. Ahora dibuje a un habitante del cuarto milenio antes de Cristo. Es muy probable que su dibujo no tenga nada que ver con los restos encontrados muy cerca de Itálica, en Castilleja de Guzmán: un enterramiento ritual de dieciséis mujeres en estado fértil, entre 16 y 25 años, vestidas lujosamente con trajes de lino cosidos de lentejuelas de marfil y conchas y hueso, con cinturones y collares de bolas de ámbar y peinetas. Mujeres que, cuando los romanos hollaron por primera vez la vega del Guadalquivir, llevaban ya más de tres mil años soñando el sueño eterno. Mujeres del Calcolítico.

Un periodo desconocido

Tratar de explicar en qué consiste el Calcolítico es como intentar definir el color del mar: según a quién se le pregunte, hablará de un color u otro, pero todos se estarán refiriendo en última instancia a lo mismo. Así, este período histórico ha sido objeto de prolongadas discusiones entre los expertos y, a día de hoy, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. El Calcolítico apenas puede diferenciarse del final del Neolítico o del principio de la Edad del Bronce y, de hecho, hay quienes sostienen que, en realidad, no es sino las postrimerías del Neolítico mismo. Son muchos los arqueólogos que establecen como rasgos definitorios de este período el inicio de la metalurgia (si bien en la etapa anterior ya hubo algunos indicios de esta actividad) y la aparición del vaso campaniforme, que, aunque para algunos tiene una importancia capital, para otros no es sino una moda dentro de la ornamentación cerámica de la época.

Por su nombre, el Calcolítico (del griego, jalkós; cobre, lízos, piedra) se define como el tiempo en el que empezaron a usarse los metales por primera vez, aunque hubo otros muchos cambios en las sociedades de la época que pueden enmarcarse aquí y de los que la provincia de Sevilla ha sido testigo.

La pareja inseparable formada por el poblado y su necrópolis empezó a darse con fuerza, y en Sevilla no son pocos los yacimientos arqueológicos que demuestran esta unión. Además, de las necrópolis no sólo podemos observar cómo enterraban a sus semejantes en esos días, sino también lo que estos enterramientos significan: el fin de la igualdad en la tribu.

De lado a lado del Guadalquivir

El testimonio que nos dejaron se refleja en los 270 yacimientos registrados en la provincia de Sevilla en la base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía. De todos ellos, destacan dos jugosos conjuntos: el de Valencina-Guzmán y el de Gandul. Ambos forman, según Jorge Arévalo, portavoz de la Asociación de defensa del patrimonio “Los Dólmenes”, un eje a partir del cual podría organizarse la presencia del Calcolítico en el resto de la provincia: en Carmona, en El Coronil, en Gilena, en Lebrija. Si un yacimiento de ochenta hectáreas ya es importante, las más de cuatrocientas de Valencina-Guzmán lo convierten, para Arévalo, en el más importante del Calcolítico en toda Europa: “La imaginación del arqueólogo se dispara porque los tamaños tienen implicaciones poblaciones y económicas, y da que pensar, que esto era capital de algo, de una delimitación territorial llamada reino, país…”. Señala además que, por sus dimensiones, podemos denominarlo al menos como una “protociudad”, la más importante de una región que llegaba desde El Puerto de Santa María hasta Ayamonte (o incluso hasta el Cabo de San Vicente). De hecho, Arévalo cree que la identidad de Sevilla no consiste en ver a la Giralda o al casco histórico de la ciudad como el origen de ésta, sino en volvernos hacia el Aljarafe y mirar a Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, en donde el hombre comenzó por primera vez a poblar estas tierras de manera sedentaria y permanente. Así, debemos entenderlo “desde el punto de vista metropolitano, que es como tenemos que empezar a concebir Sevilla. Estamos hablando de Sevilla, de la gran Sevilla”.

Pero, a pesar de la enorme extensión que este enclave ocupa, sólo conocemos una pequeña parte. De nuevo en palabras de Arévalo, la metáfora con la que él explica lo que se conoce aún de Valencina-Guzmán es la siguiente: “Es un puzle de tres mil piezas y aún no tenemos ni treinta”. La magnitud del yacimiento no sólo tiene que ver, ni mucho menos, con cuestiones exclusivamente mensurables, sino también con lo que revela sobre nuestro pasado. En un área de seis u ocho hectáreas, podemos encontrar restos de actividad metalúrgica en donde se trabajaba el cobre, es decir, una zona dedicada exclusivamente a esa labor.

Aquí, pues, nació la especialización y, con ello, la jerarquización social, el concepto de riqueza y pobreza o la esclavitud: “El origen de nuestra civilización y nuestra sociedad actual está ahí, de manera que lo lógico es que yo piense que esos son mis primeros antepasados, propiamente dicho, los culpables de todo lo bueno y todo lo malo que me pasa”, sentencia Arévalo. Y es que, si al oeste de Sevilla existe esta magnificente huella del pasado, al este de la capital hispalense tampoco están faltos del testimonio del hombre de la Edad del Cobre.

Cueva del Vaquero, Gandul (Alcalá de Guadaíra).

Con ello, es curioso que uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Sevilla en lo referente al Calcolítico (y también a otras muchas etapas históricas) tenga un nombre que podría parecer peyorativo. Pero no se confunda. El Gandul no recibe su nombre de algún individuo terriblemente vago o demasiado ocioso, aunque a día de hoy tampoco es seguro de dónde viene el topónimo. Dicen algunos, acogiéndose a una teoría acuñada por el inolvidable Menéndez Pidal, que el origen de tan curioso nombre proviene del término prerromano ganda, que significa pedregal, y, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, bien podría ser ésta una hipótesis válida. El filólogo hubo publicado en vida Toponimia prerromana hispánica, así que imaginamos que algo debía de saber sobre el asunto. Sin embargo, Joaquín Pascual Barea, profesor de la Universidad de Cádiz, achaca el término al nombre que durante el Medievo, en pleno Al-Ándalus, se le daba a una variedad de la retama que crecía allí y que sigue creciendo; de ahí, según este profesor, le vino el nombre al yacimiento. También hay quien cree que proviene del nombre de la desaparecida ciudad prerromana de Lucurgentum debido a las conjeturas del arqueólogo británico George Bonsor (llamado cariñosamente “Jorge” por sus vecinos una vez se afincó en Mairena del Alcor). Quién sabe cuál de estas hipótesis, entre otras más, será la correcta o la que más se acerque a la verdad.

Lo que sí sabemos es que la Edad del Cobre fue una época muy fructífera para el Gandul. Situado al este del término de Alcalá de Guadaíra y limitando con la vecina Mairena del Alcor, fue uno de los poblados más importantes del Bajo Gualdalquivir desde sus inicios hasta el Imperio Romano. Uno de los motivos por los cuales el Calcolítico cobra protagonismo aquí es que fue durante ese período histórico cuando la primera ocupación sedentaria tuvo lugar. Fue entonces cuando comenzó lo que más tarde fueron descubriendo los arqueólogos y los visitantes curiosos en la zona: plantas de viviendas con un hogar en medio, restos de cerámica y bisutería, fraguas, molinos hechos de piedra o ídolos de grandes ojos. Pero lo que más llama la atención al visitante en lo que a este período histórico se refiere, bien por su fácil acceso, bien por el misterio que a este tipo de construcciones suele envolver, es la necrópolis. Las construcciones funerarias que existen en este yacimiento son del tipo tholos (y que, en plural, puede quedarse igual o llamarse tholoi, si queremos ser exquisitos y respetar su etimología griega). Para aclararlo en pocas palabras, un tholos es una edificación en forma de círculo, y de las que allí están, sin duda la denominada Cueva del Vaquero es la más conocida.

No es difícil encontrar a algún alcalareño que conozca esa “cueva”, que no es sino una tumba del III milenio antes de Cristo. Las visitas guiadas (y las no guiadas) han despertado desde siempre el interés de los habitantes de esta ciudad dormitorio, una ciudad cargada de historia, que los mayores se apresuran en dar a conocer a los jóvenes para que valoren su pasado. De ese pasado, del que a veces se nos escapan cosas, cabe recordar que el Gandul, aunque hoy esté situado en un terreno pedregoso y seco, estuvo hace miles de años junto al Ligustino, un estuario que constituía la desembocadura del Guadalquivir. El Atlántico llegaba en aquellos días hasta cubrir lo que hoy es la ciudad de Sevilla. Y así, al este y al oeste, flanqueando ese brazo de mar que penetraba en la tierra, estaban, respectivamente, el Gandul en Los Alcores y lo que hoy sería Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, en el Aljarafe.

En el caso del primero, la magnitud de este yacimiento ha sido importante desde que comenzaran las primeras excavaciones a principios del siglo pasado. No en vano se le declaró monumento histórico y artístico en 1931 bajo el título de Necrópolis Dolménica de Los Alcores en Gandul. Los posteriores hallazgos elevaron la relevancia de estos restos arqueológicos, declarados como Bien de Interés Cultural en 1991.

La ley actúa (a veces)

La protección de los yacimientos calcolíticos de la provincia de Sevilla está regulada por la última Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, promulgada en 2007 durante la séptima legislatura de Manuel Chaves como presidente de la comunidad. Esta ley, que mejoró sustancialmente la ley anterior de 1991, marca un alto grado de protección del patrimonio histórico, comenzando por la documentación de los fondos existentes, pasando por el control de los planeamientos urbanísticos, y culminando en la vigilancia y el castigo, con sanciones de hasta un millón de euros por faltas muy graves, como la destrucción de determinados restos arqueológicos.

Pero todo empieza antes. En 1985, el gobierno de Felipe González aprobó la Ley de Patrimonio Histórico Español, introduciendo, entre otras muchas novedades, la mencionada categoría de Bien de Interés Cultural. Con esta figura, la ley pretendía proteger el patrimonio histórico español de cualquier acción discriminada: todo patrimonio mueble o inmueble considerado bien de interés cultural pasaba a ser de dominio público, lo que no significa que no pudiera estar en manos privadas, pero sí que sus propietarios debían cumplir con ciertas obligaciones, como la de permitir su visita gratuita al menos cuatro días al año. Más allá del tipo de propiedad, gracias a esta ley todo bien de interés cultural disfruta desde entonces de un plan de protección y de la prohibición de realizar obras sin la autorización de los organismos competentes.

Andalucía, como otras comunidades, redactó años después su propia ley. La primera Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de 1991, aumentó la protección que otorgaba la ley de 1985, incluyendo un Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La importancia de este registro–completado con el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, creado con la ley de 2007– para los yacimientos calcolíticos radica en la posibilidad deconocersu localización y, por tanto, de saber dónde no se pueden hacer obras sin el permiso de la administración correspondiente, en este caso la Consejería de Cultura. Sin la existencia de estos catálogos cualquiera podría, alegando desconocer su existencia,destruir un yacimiento arqueológico durante una obra cualquiera.De ello advierte el arqueólogo Enrique Domínguez: “Todavía hay muchos ayuntamientos y muchos municipios que no tienen adecuado su planeamiento urbanístico, con lo cual ha habido parones de planeamiento por culpa de la crisis. Algunos ayuntamientos tienen planeamientos antiguos, donde no están documentados todos los yacimientos arqueológicos: entonces se pueden dar, por ejemplo, casos de licencias de obra en sitios con posibilidad de riesgo arqueológico.” Jorge Arévalo tiene claro que la raíz del problema es económica: “El Estado dota de unos presupuestos a los ayuntamientos que son insuficientes a todas luces. Entonces, los ayuntamientos han aprendido a financiarse mediante el urbanismo. Lo que están haciendo es coger dinero de convenios y de aprovechamientos para financiar aquello que el Estado no les financia. De esa forma, al redactar el PGOU piensan en los intereses del promotor, en los intereses de las inmobiliarias, el interés del inversor… y no en el de la ciudadanía”.

La ley es buena, pero hay que aplicarla. La arqueóloga Rosario Cruz-Auñón cree que, a pesar de las normas y las multas, la influencia de la política es poderosa: “Cuando hay políticos de por medio sabes que te tienes que callar.” Cruz-Auñón, en concreto, se refiere a la insuficiente dureza de las sanciones y a la práctica de políticas cortoplacistas: “Hay denuncias, se admite la denuncia, se paga una multa pero ya te has cargado el yacimiento. A veces es más rentable pagar una sanción, y quedas políticamente bien. Con lo cual, si vas sopesando, piensas si interesa más defender el patrimonio o que la civilización siga hacia delante cargándose lo anterior.” Todo ello, a pesar de que el primer artículo de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucíaestablezca: “Es objeto de la ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras”.

Frente a la imagen del ciudadano solitario, indefenso ante los poderes públicos en sus reivindicaciones, Jorge Arévalo plantea un nuevo escenario, cuyo caldo de cultivo está en las redes sociales, un territorio de colaboración entre asociaciones y expertos independientes que forma una suerte de quinto poder, el poder de la gente corriente, que disfruta así de un poderosos asesoramiento legal y técnico: “Cuando tú dispones de economistas, peritos, arqueólogos, técnicos de inspección… saben dónde está la trampa, porque tienes que saber cómo leer entre líneas los documentos oficiales. Lo más importante es lo que no ponen, no lo que ponen.” Esa lucha para defender el patrimonio requiere, para Arévalo, mucho valor: “Ha habido momentos muy peligrosos. Cuando yo estaba con mis compañeros frenando un PGOU, había alguien que estaba perdiendo mil millones de pesetas.Veladamente hemos recibido amenazas: por ejemplo, mandarte a la policía para que te identifiquen porque has repartido panfletos por el pueblo.”

La SE-40, todo un desafío

Y si de obras se trata, la construcción de la SE-40 es una cuestión mayor. La ronda de circunvalación, con 77 kilómetros proyectados, consta de once tramos que atraviesan ocho municipios del Área Metropolitana de Sevilla: La Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Coria del Río, Almensilla, Valencina de la Concepción, Salteras y La Algaba.Los tramos entre La Rinconada y Coria del Río ya están terminados.Una obra de tal magnitud, que podría suponer un peligro para los importantes yacimientos calcolíticos de Alcalá y Valencina-Guzmán, ha de ser controlada con especial atención. Y así ha sido, según todas las fuentes consultadas: tanto los técnicos de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, como arqueólogos que han participado en las prospecciones arqueológicas previas a la construcción de la SE-40, así como colegas y expertos en la materia, aseguran que se han respetado todos los yacimientos que se han encontrado o que podían verse afectados por las obras, un total de dieciocho hasta la fecha.

En una reunión sobre el Calcolítico en la Península Ibérica, celebrada hace más de veinte años, decenas de expertos en este campo, procedentes de toda España y de otros puntos del globo, debatieron los diferentes aspectos que ofrece este intrincado periodo para arrojar algo más de luz sobre él. De esa reunión salió incluso un libro. Uno de aquellos expertos, el arqueólogo Fernando Amores, recuerda el procedimiento de protección de posibles descubrimientos: “Sé que esas operaciones de obras públicas suelen estar controladas por la propia administración con carácter previo, y hay siempre un estudio de impacto donde se obliga a controlar si hay algún hallazgo arqueológico y a resolverlo”. Por su parte, la arqueóloga Lara Cervera, responsable de la conservación y las visitas guiadas del yacimiento calcolítico del Gandul, reconoce que el trazado de la SE-40 no pasa a la misma altura que los restos afectados: “En la mayor parte de los casos los yacimientos simplemente se han excavado y luego se han soterrado porque el trazado de la SE-40 iba por encima de los niveles de esos yacimientos, o sea que ni siquiera se han destruido”.

Pero quien más conoce los pasos seguidos por la administración es el propio Enrique Domínguez, que participó en los estudios arqueológicos de las obras de la SE-40: “Primeramente, estando ya el proyecto constructivo redactado se hace la prospección arqueológica. Esa prospección documenta, o no, localizaciones arqueológicas o posibles yacimientos, y de ahí se establecen una serie de medidas correctoras que generalmente son, o bien excavación, o bien un control arqueológico de movimiento de tierra.” Estos no son los únicos niveles de protección: los proyectos constructivos, como es el caso de la SE-40, tienen que pasar por un trámite de evaluación ambiental, que incluye una serie de informes preceptivos y vinculantes de las otras Consejerías. De tal forma, la Consejería de Cultura, cuando este proyecto constructivo pasa por sus manos, establece ya una serie de cautelas previas.

Un problema triple

La conservación del patrimonio histórico pone siempre de manifiesto una importante cuestión: si es preferible conservar el pasado a costa del progreso, o viceversa. Jorge Arévalo cree que la tozudez nunca da un buen resultado: “La ciudadanía tiene que aprender a decir que la carretera hace falta, pero también debe cuidarse de dónde construir. Si se comienza un debate sobre esto, debes ofrecer salidas, contrapropuestas. Hay que dar opciones. No debe ser un no por sistema. ¿Conservación versus progreso? No tienen por qué ser incompatibles”.

Es fácil que la balanza se incline a favor del progreso si la gente ignora la existencia de su patrimonio: nadie puede indignarse por la destrucción de algo que no conoce. La solución está, principalmente, en manos de la administración: “Para que sean un activo turístico unos bienes tiene que haber una mínima señalización, una mínima accesibilidad, porque en el fondo estás diciendo: «Vaya usted a ver esto», y eso debería poder verse. Eso significa poner medios por parte bien de la Consejería o la Delegación de Cultura”, comenta Fernando Amores, quien denuncia la falta de constancia en estas prácticas: “Estas campañas tienen que tener mucha continuidad, así que cuando no la hay va quedando una sensación de déjà vu, un ya visto, temas recurrentes que nunca salen adelante del todo”.

Para prevenir posibles desconocimientos, desde muy pequeños se fomenta el respeto por estos yacimientos: algunos días llegan a los de Valencina-Guzmán autobuses llenos de alumnos de primaria, nos cuenta Rosario, quien también procura llevar a los yacimientos a sus pupilos de la Universidad de Sevilla. Para ella, en el patrimonio histórico están las claves de nuestra identidad: “Conociendo tu pasado puedes ir viendo tu presente y programar el futuro. Y esos signos de identidad y de trayectoria histórica es conveniente siempre tenerlos delante, conocerlos. Si no los tienes físicamente, al menos conservarlos virtualmente, y dejar que la civilización siga para delante.”

A la colisión con el progreso y los intereses políticos se ha añadido, en los últimos años, la crisis económica. El dinero juega, evidentemente, un papel fundamental: por un lado, porque los ayuntamientos tienen que llevar a cabo obras de señalización o vallado; por otro lado, porque los propios arqueólogos podían solicitar subvenciones a la Junta de Andalucía para sus proyectos entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año natural. Estas ayudas están reguladas por la orden de 6 de febrero de 2006, que en su artículo 3.1 reza: “El importe de la ayuda a conceder podrá ascender a la totalidad del coste de la actividad para la que se solicite”, aunque advierte, en el tercer apartado de su primer artículo, de que la disponibilidad de estas ayudas no es incondicional: “3. La concesión estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes”.

En 2013, de hecho, esta amenaza se cumplió: mediante la orden de 18 de enero de 2013, firmada por el Consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, se suspendieron esta orden y todas las subvenciones solicitadas al amparo de la misma ese año. Como justificación, la Junta apunta a los compromisos presupuestarios adquiridos con el Gobierno central: “El actual contexto económico obliga a la contención y racionalización del gasto de acuerdo con el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, resultando inviable la asunción de nuevas obligaciones por la Consejería de Cultura y Deporte en las distintas actividades que constituyen el objeto de las referidas subvenciones”. Para Jorge Arévalo, la falta de dinero tiene consecuencias a corto y largo plazo: “Los arqueólogos se están muriendo de hambre; ya no pueden hacer ni lo que yo llamo, digamos, de forma un poco dura, «arqueología mercenaria», es decir, comer con lo que te den las construcciones. Es demoledor. Además, si la población no valora la cultura como algo necesario, como el pan, como el aire que respiramos, como que las carreteras estén bien asfaltadas, esa muerte o esa epilepsia cultural dará lugar a un desierto cultural. No va a incentivar que nuevos jóvenes entren en la universidad a trabajar en esas ramas, en esas áreas de conocimiento. Menos todavía se van a dedicar a la investigación”.

El obstáculo de la burocracia

En la actualidad, el celo de la Junta de Andalucía por proteger su patrimonio y, sobre todo, por controlar la actividad de los arqueólogos, ha llevado a retrasos tanto en el registro como en la propia labor de estos profesionales. Uno de los aspectos más débiles de esta protección es la elaboración del Anuario Arqueológico de Andalucía. Este proyecto, con vocación de revista científica divulgativa, es un compendio de todas las actividades arqueológicas realizadas en un año concreto en la comunidad. Comenzó a publicarse en 1985, y es competencia de la Dirección General de Bienes Culturales. Su acción divulgativa, en el papel, parece efectiva.

Sin embargo, Enrique Domínguez denuncia dos deficiencias; por un lado, la baja calidad del catálogo: el arqueólogo habla de una revista “que no tiene prácticamente difusión académica ni científica ninguna, en la que tú publicas algo por obligación y que no te van a pagar, así que la calidad de esos resúmenes imagínate cómo será”. Por otro lado, el escaso personal encargado de controlar la edición de esta publicación. Según Domínguez, dentro de la Dirección General de Bienes Culturales sólo hay una persona adscrita a esta competencia. Fuentes de dicho organismo desmintieron esa cifra, aunque la diferencia era casi inexistente: actualmente hay dos personas encargadas de elaborar el anuario. Hablan de un “retraso grandísimo”, de un “número insuficiente de personal”, aunque justifican en parte el retraso por la creación de una aplicación online en la que desde hace un mes se han empezado a volcar los datos que se han recopilado. Sobre el marasmo de tantos meses, una de las personas que participó entre 2008 y 2010 en la confección del Anuario Arqueológico, comenta que en el curso de la última reestructuración de la consejería de Cultura se han cambiado muchos departamentos, y que eso ha podido generar un nuevo reparto en las competencias.

Los profesionales, ahogados

El retraso no afecta sólo a las publicaciones de la Junta de Andalucía. Una de las grandes batallas que disputan los arqueólogos intenta acabar con una norma que les impide gestionar más de un proyecto de investigación a la vez. El asunto tiene dos vertientes: la administrativa y la profesional. En primer lugar, el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Junta de Andalucía, la norma que regula estos proyectos, establece en su articulado las diferentes fases que tiene que atravesar cualquier arqueólogo que quiera hacer una investigación. En concreto, el artículo 18 y el 19 se encargan de la fase de autorización, y los artículos 32, 34 y 35,de las memorias preliminar y final que hay que entregar como paso final de un proyecto de investigación arqueológica.

Dolmen de Montelirio (Valencina de la Concepción – Castilleja de Guzmán).

El proceso es el siguiente: un arqueólogo presenta una solicitud a la Delegación Provincial de Cultura del territorio donde se vaya a realizar la actividad. Dicho organismo elevará la solicitud a la Dirección General de Bienes Culturales en el plazo de un mes. Tras veinte días, y después de pasar por las manos de la Comisión Andaluza de Arqueología y de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, que tendrá quince días para redactar su informe, el interesado podrá presentar en un plazo de quince días las alegaciones que considere pertinentes. Tras todo este proceso, que ha durado casi tres meses, el proyecto podrá ser aceptado o rechazado en un plazo de seis meses. Y aún quedan los pasos posteriores a la investigación. Es el caso de las memorias: casi tres meses para la preliminar, y un año y tres meses para la definitiva. Toda una eternidad.

Además de las trabas estrictamente burocráticas, los arqueólogos están obligados a permanecer al menos el 75% de su tiempo en el lugar de la actividad, algo que según Enrique Domínguez se debe a que las administraciones no escuchan a los arqueólogos: “El reglamento se basa en una concepción anticuada, la idea de las excavaciones del siglo XIX, cuando había que controlar a todos los esclavos que trabajaban a cargo del arqueólogo. Es una imagen que no se corresponde con la situación actual”. No respetar esa norma “será causa de revocación de la autorización”, según el artículo 26.5 del Reglamento de Actividades Arqueológicas. La presencia obligatoria es una de las principales razones de que un arqueólogo no se pueda permitir llevar más de una investigación a la vez.

Una mirada al pasado

No se puede hablar de Historia; la escritura aún no se había inventado. Todavía faltaban unos cuantos siglos para que se redactara el código de Hammurabi y el hombre empezara a contarnos de su puño y letra la atestiguación de su tiempo. Eran, empero, seres humanos como nosotros, con nuestros mismos miedos, nuestras mismas ansias de poder, nuestros mismos deseos. El Calcolítico no es un período tan lejano, y en diferentes partes del mundo en general, y en nuestra provincia en particular, nuestros antepasados nos dejaron un testimonio muy vivo, casi reciente, palpitando bajo la tierra que hoy pisamos y sobre la cual edificamos nuestro futuro.